El pasado 18 de marzo estuvimos en audiencia pública concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las condiciones indignas y situaciones de violencia en las que trabajamos a falta de una regularización clara y precisa del Trabajo Sexual.

Nuestra demanda se centró en ser tratadas con equidad ante la ley y ser reconocidas como parte de la población trabajadora para tener garantías de los Gobiernos democráticos en lo que corresponde al cumplimiento de nuestros Derechos Humanos y Laborales.

Denunciamos ante la CIDH que la clandestinidad en que nos vemos obligadas a realizar nuestro trabajo por la ausencia de leyes claras que garanticen nuestros derechos laborales, hace que:

– Exista confusión entre trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral y Trabajo Sexual, trayendo como consecuencia la criminalización del Trabajo Sexual y el uso indebido de políticas de lucha contra la trata como excusa para detenciones arbitrarias y otras violaciones a nuestros Derechos.

– Exista estigma y discriminación por parte de agentes del Estado hacia las trabajadoras sexuales, abriendo espacios a medidas represivas y abuso de autoridad.

-Vivamos en condiciones vulnerables ante situaciones de violencia y agresiones por no contar con espacios de denuncias, dado al estigma de criminalización hacia el Trabajo Sexual que tienen las autoridades.

Ante estas situaciones y muchas otras que atentan contra nuestra integridad, es que pedimos ante la CIDH que se promueva el desarrollo de normativas que regulen el ejercicio del trabajo sexual sin criminalizarlo y que garanticen condiciones óptimas para su desenvolvimiento en el marco del respeto a los DDHH. Dichas políticas deben contar con la representación de trabajadoras sexuales en su diseño y ejecución, dado a que somos nosotras mismas las que conocemos la realidad que nos acontece.

De cara a lo que viene se planea realizar audiencias individuales por país sobre Trabajo Sexual, para que se pueda discutir el tema de acuerdo a la situación específica de cada lugar y así interpelar un real compromiso de los Estados.

Quienes ejercemos el trabajo sexual demandamos gozar de la misma seguridad jurídica que se espera de cualquier actividad laboral, sin estigma, discriminación ni violencia.

La audiencia estuvo presidida por el comisionado Francisco José Eguiguren Prael y contó con la presencia del comisionado James Cavallaro y la primera vicepresidenta, Margarette May Macaulay, también relatora sobre los Derechos de las Mujeres, relatora sobre los derechos de las personas afro-descendientes y relatora sobre los Derechos de los Migrantes.

Aquí se puede leer el comunicado de prensa de la CIDH